Se avecina una nueva hoja de ruta agrícola para Europa, y el primer borrador ya ha generado revuelo. A principios de julio de 2025, la Comisión Europea presentó su propuesta inicial para la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034. La propuesta, que plantea cambios estructurales significativos y recortes presupuestarios, ha sido recibida con un rechazo generalizado por parte del sector agrícola, con organizaciones de agricultores convocando protestas en Bruselas.

Pero, ¿qué está realmente en juego? En este artículo, desglosamos los principales cambios y analizamos lo que podrían significar para el futuro de la agricultura regenerativa y ecológica en Europa.

¿Es definitivo?

Lo que se ha presentado es solo la propuesta inicial de la Comisión Europea. Ahora comienza un largo y complejo camino para que esto se convierta en ley, un proceso que puede durar uno o dos años. Las tres instituciones implicadas (Comisión, Consejo y Parlamento) negociarán, y el resultado final suele diferir bastante del borrador inicial.

Precisamente porque es solo una propuesta, ahora es el momento más importante para ejercer presión tanto a nivel nacional como europeo con el fin de influir en la negociación. Las normas definitivas para 2028 aún no están fijadas.

El núcleo del cambio: un presupuesto menor y dos nuevos campos de batalla

Para entender la propuesta, hay que observar tres cambios interconectados: un presupuesto más reducido, una nueva estructura interna y una nueva relación con otros fondos nacionales. En conjunto, generan dos nuevos campos de batalla por la financiación.

1. El punto de partida: una tarta más pequeña

El primer cambio, y el más evidente, es el recorte presupuestario. El presupuesto total de la PAC se reduce de 387.000 millones de euros (periodo actual) a 300.000 millones de euros para 2028-2034. Ajustado a la inflación, esto supone un recorte real de casi el 30%. No es solo una medida de ahorro; forma parte de un cambio más amplio en las prioridades de la UE hacia áreas como la defensa y el espacio. En pocas palabras, hay menos dinero para repartir.

2. Campo de batalla nº 1: la guerra interna por los fondos

El segundo cambio importante es la eliminación de los “dos pilares” que han definido la PAC durante décadas:

• Pilar 1: pagos directos a los agricultores. 
• Pilar 2: desarrollo rural, que incluía financiación crucial para medidas medioambientales, agricultura ecológica e inversiones en modernización. Muchos de nuestros agricultores que aplican prácticas regenerativas han podido recibir financiación a través de este pilar. 

La nueva propuesta fusiona todo en un único fondo. La Comisión afirma que este fondo agrícola estará “protegido” (“ring-fenced”), lo que significa que los gobiernos nacionales no podrán utilizar ese mínimo para fines no agrícolas.

Sin embargo, esto genera una competencia feroz dentro del propio fondo: al eliminar la separación entre los dos pilares, la financiación para medidas medioambientales tendrá que competir directamente con el apoyo básico a la renta por cada euro disponible.

¿Qué significa esta batalla interna para la sostenibilidad sobre el terreno?

Aquí es donde el impacto se vuelve tangible:

• Desaparecerán las condiciones medioambientales obligatorias para todos (las llamadas BCAM – Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales). Estas eran las normas básicas que todos los agricultores debían cumplir para recibir ayudas, como reservar un porcentaje mínimo de tierra para biodiversidad, rotar cultivos o mantener la cobertura del suelo. Ahora cada país definirá sus propias “prácticas mínimas sostenibles”. 
• Los incentivos voluntarios que recompensan a los agricultores que van más allá del mínimo también quedarán a merced de los gobiernos nacionales. Según la propuesta, los eco-regímenes se integrarán en el marco existente de Medidas Agroambientales y Climáticas (MAAC). 

Tradicionalmente, estas MAAC y los eco-regímenes eran el mecanismo mediante el cual la UE remuneraba prácticas como:

• Mantener cultivos de cobertura. 
• Crear márgenes florales para polinizadores. 
• Practicar ganadería extensiva. 
• Convertir y mantener la agricultura ecológica. 

Con la nueva estructura, cada gobierno nacional deberá decidir cuánto de su presupuesto agrícola “protegido” destina a estas medidas clave. Podría ser un 30%, o podría ser un 5%. Aquí está el núcleo del riesgo: un gobierno, presionado por un presupuesto total más reducido, podría optar por destinar la gran mayoría de los fondos a pagos directos básicos, dejando solo una parte mínima para la transición hacia la agricultura regenerativa y ecológica.

3. Campo de batalla nº 2: la guerra externa por los fondos

El tercer cambio es que este nuevo fondo agrícola único dejará de ser independiente. Se integrará en un gran “mega-fondo” nacional, junto a otras prioridades como los fondos de cohesión para el desarrollo regional.

La “protección” solo garantiza un presupuesto mínimo para la agricultura. Si el sector agrícola quiere más fondos para proyectos ambiciosos (por ejemplo, acelerar una transición nacional a la agricultura ecológica), tendrá que competir cada año contra otros intereses nacionales poderosos, en lugar de hacerlo cada 7 años a nivel de la UE. Por cada euro adicional, el Ministerio de Agricultura tendrá que competir directamente con otros ministerios y sus proyectos dentro del mismo plan nacional.

Lo que esto significa para los agricultores: riesgos y (algunas) oportunidades

Posibles ventajas:

• Más apoyo a los jóvenes agricultores: la propuesta duplica del 3% al 6% el mínimo de ayudas que debe destinarse a jóvenes agricultores, ofreciendo un incentivo más focalizado para el relevo generacional. 
• Pagos más justos (en teoría): se reforzarán los mecanismos de “capping” y “degresividad” para limitar la ayuda a las explotaciones más grandes, lo que en teoría debería redistribuir fondos hacia explotaciones medianas y familiares. 
• Mejor definición de “agricultor activo”: el objetivo es que las ayudas lleguen a quienes realmente trabajan la tierra. 
• Nuevo “servicio de sustitución en la explotación”: se propone un sistema para facilitar que los agricultores puedan tomarse vacaciones o periodos de descanso. 

Grandes riesgos:

• La sostenibilidad depende de la política nacional: como resultado de la “guerra interna”, el presupuesto para medidas medioambientales como la agricultura ecológica y regenerativa deja de estar protegido. Su continuidad dependerá enteramente de la voluntad política de cada gobierno nacional. 
• Pérdida de estándares comunes: con cada país fijando sus propias normas medioambientales mínimas, existe el riesgo de una “carrera a la baja”, en la que algunos bajen sus estándares para ser más competitivos, penalizando a los agricultores que ya trabajan con altos estándares. 
• Exclusión de agricultores jubilados: una nueva norma exige que los Estados miembros garanticen que, para 2032, las personas que reciban una pensión de jubilación ya no perciban pagos de la PAC. Esto podría tener un impacto grave en las zonas rurales, acelerando el abandono de tierras. 

Conclusión: la política nacional será más importante que nunca

El mensaje de la Comisión Europea es de flexibilidad y mayor poder para los gobiernos nacionales. Para nuestros agricultores, la conclusión es clara: el futuro de las ayudas a la agricultura ecológica y regenerativa dependerá en gran medida de la voluntad política de cada país.

A partir de 2028, ya no bastará con mirar a Bruselas. Será crucial ejercer presión a nivel nacional para que nuestros gobiernos apoyen una verdadera transición hacia una agricultura sostenible.

Construir resiliencia más allá de las subvenciones

Este periodo de gran incertidumbre pone de relieve una verdad fundamental: depender exclusivamente de las subvenciones públicas es una estrategia frágil. Aunque la incidencia política es esencial, la verdadera seguridad a largo plazo proviene de construir resiliencia a nivel de finca.

Aquí es donde el modelo de venta directa al consumidor se convierte en un amortiguador clave: para los agricultores ecológicos y regenerativos, la capacidad de conectar con consumidores que entienden y valoran su trabajo proporciona una base económica más estable. En una época en la que las políticas públicas pueden cambiar de forma impredecible —ahora, potencialmente, con orientaciones nacionales a más corto plazo—, la herramienta más poderosa de un agricultor es una finca resiliente y una conexión directa con las personas que consumen sus alimentos.