En 2010, la asociación francesa “Générations Futures” (Generaciones Futuras) analizó los alimentos comunes que ingerían los niños durante las comidas a lo largo de un día. Con un título más que apropiado “Menus toxiques” (Menús tóxicos), el estudio encontró “128 residuos químicos al día, entre los cuales había 36 pesticidas diferentes, 47 sustancias sospechosas de ser cancerígenas y 37 disruptores endocrinos”, todos legales en ese momento.

Unos años más tarde, en 2023, se publicó en España una investigación de la INMA (Infancia y Medio Ambiente), que sacó a la luz importantes cantidades de insecticidas en la orina de niños y niñas menores de 12 años. Y dio un paso más, demostrando como la exposición infantil a los pesticidas se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollo temprano de la pubertad, con primeros síntomas a los 8 años de edad.

Estos análisis de ámbito nacional se añaden a otros de carácter europeo, como la biomonitorización de la exposición humana en 5 países, que tuvo lugar entre 2014 y 2021 y que evidenció que el 84% de la población europea tenía restos de al menos dos pesticidas en su orina.

Esto pone en evidencia que existen residuos de los pesticidas sistémicos que pasan a los alimentos. Este tipo de químicos son aquellos que, una vez aplicados a la planta, ya sea directamente a las hojas, a través del agua de riego, o incluso por inyección en el tronco, se distribuyen internamente por toda la planta, llegando a las hojas, tallos, raíces, flores y frutos. Es decir, si comes una manzana de agricultura convencional, en este caso da igual si pelas o no la manzana. Solo en el caso de que haya pesticidas de contacto, que se quedan en la superficie, o un fungicida postcosecha para prever el deterioro de la calidad, el pelado y el lavado tiene cierto sentido.

Los disruptores endocrinos alteran el mensaje hormonal

Existe toda una teoría basada en datos científicos que afirma que los productos agroquímicos funcionan como disruptores endocrinos. La misma UE reconoció este tipo de riesgos en la regulación desde 1999, y lo explicó de forma detallada en este informe de 2019.

Cuando ingerimos alimentos que contienen pesticidas, que son moléculas artificiales, el cuerpo no las reconoce y la segregación de hormonas se desequilibra. Como las hormonas son los mensajeros que a través de la sangre conectan un órgano con otro, empiezan a dar mensajes erróneos, o en momentos inapropiados, como empezar la pubertad antes de tiempo. Otras patologías son la infertilidad, endometriosis, la obesidad y la tiroides, además de tener efectos importantes durante el embarazo, ya que tienen la capacidad de cruzar la placenta y llegar al feto.

Otras organizaciones ecologistas como Greenpeace, en un informe de 2015, añade a la lista “riesgos de retraso en el desarrollo cognitivo, trastornos neurológicos e inmunológicos, así como algunos tipos de cáncer”. También en 2015 la OMS calificó de “probable cancerígeno” el controvertido glifosato, el agrotóxico más utilizado en el mundo y que ha enfrentado miles de demandas que relacionaban el herbicida Roundup con el cáncer. Y los estudios siguen apareciendo después de 20 años, como el más reciente publicado este mismo mes de junio del 2025, que establece la exposición al glifosato, desde la etapa prenatal, y un aumento significativo de las tasas de cáncer en ratas, incluso en dosis consideradas “seguras” según la normativa vigente de la UE.

Finalmente, según información de la misma ONU, el uso de plaguicidas provoca en todo el mundo “alrededor de 385 millones de casos de intoxicación accidental por plaguicidas, no mortales, y aproximadamente 11.000 muertes”, muchas de las cuales son los mismos agricultores expuestos diariamente a los pesticidas. La Conferencia Internacional del Trabajo reconoció en 2022 que la salud y la seguridad laboral eran un principio y derecho fundamental; un derecho vulnerado a la luz de este alarmante dato: a nivel mundial, “se estima que un trabajador muere al menos cada 30 segundos por exposición a plaguicidas peligrosos y otras sustancias químicas tóxicas”.

Una responsabilidad política pendiente

A la luz de todas estas evidencias científicas y enfermedades crecientes, la Comisión Europea tomó su responsabilidad política en el asunto y lanzó en 2019 el Pacto Verde (PVE). El objetivo general para 2025 era lograr la neutralidad climática, que consiste en equilibrar las emisiones de gases de efecto invernadero, e incluía entre otras medidas para conseguirlo, la urgencia de “actuar contra las consecuencias de los pesticidas para el medio ambiente y la salud“.

En el ámbito agrícola surgió una de las iniciativas clave de este Pacto Verde: la Estrategia “Farm to Fork” (De la Granja a la mesa), que buscaba hacer sostenible todo el sistema alimentario de la UE para 2030, en base a 3 puntos claves:

• aumentar la proporción de agricultura orgánica del 8.5% al 25%,
• reducir el uso de fertilizantes en un 20%
• y, sobre todo, reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos. Este último objetivo se estableció en el proyecto de Reglamento del Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR), que además incluía la prohibición de todos los pesticidas en áreas sensibles, como los espacios verdes urbanos y las áreas Natura 2000.

Finalmente, los fondos de la nueva Política Agrícola Común (PAC) debían compensar a los agricultores por los gastos de implementar esta estrategia.

La hoja de ruta estaba clara y prometía un cambio sistémico real. Y si bien el porcentaje ecológico del total de tierras agrícolas ha mejorado, siendo en 2024 de un 10,4%, el objetivo de reducir los pesticidas químicos a la mitad, está estancado. Bajo el pretexto de dar respuesta a las protestas de los agricultores en febrero del 2024, la Comisión Europea propuso la retirada del proyecto de Reglamento del Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR).

Apelando a que se necesitaba “más diálogo y un enfoque diferente”, el paso siguiente por parte de la Comisión Europea fue reunir a un comité de expertos independientes que representaban a diversos actores de la cadena agroalimentaria. De este proceso de reflexión surgió en septiembre del 2024 el Diálogo estratégico del futuro de la agricultura en la Unión Europea, con una serie de recomendaciones de carácter no vinculante. La presidenta Von der Leyen se comprometió a “examinarlas detenidamente” y a tenerlas en cuenta para la Visión para la agricultura y la alimentación para los próximos 4 años, de 2025 a 2029.

Sin embargo, tanto el informe del Diálogo estratégico como la reciente Visión significan un retroceso en cuanto al tema de los pesticidas, pese a las evidentes consecuencias de estos químicos, no solo en referencia a la salud, sinó también a nivel medioambiental, como la degradación del suelo, la contaminación del agua y el aire y la pérdida de biodiversidad. En ninguno de los 2 documentos se mencionan ni el Pacto Verde Europeo (PVE) ni el Reglamento del Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR), pese a ser pilares fundamentales hacia un mundo libre de pesticidas y de sus consecuencias para las nuevas generaciones.

Como reclaman algunos científicos, “son las empresas que venden estos pesticidas las que tienen que demostrar que son inocuos, no somos los científicos que, una vez causado el daño, tenemos que evidenciar que son peligrosos”. Y añaden que si una industria, como la de los pesticidas, se ve afectada por una posible regulación, “no debería estar presente en la mesa donde se toman las decisiones políticas”.

Autora: Anna Garcia, ¡La Colmena Que Dice Sí!